ECISIÓN Y CUARTIAMIENTO DE LAS PAREDES DEL ESTADO. DESMANTELAMIENTO DEL APARATO ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO DE LA FEDERACIÓN COMO IMPERATIVO PARA UNA ADECUADA TRANSICIÓN AL SISTEMA REPUBLICANO.
Es impostergable la atención de las demandas de la sociedad y la aplicación de un régimen republicano y democrático en el país, que permita a la población encontrar un Estado de Derecho centrado en la aplicación de la justicia; que ofrezca principalmente seguridad al gobernado y posibilite su desarrollo en todas las dimensiones posibles.
Tradicionalmente ha sido tarea del Estado mantener un orden general, pero desafortunadamente no ha sido posible dado el creciente estado de inseguridad y pobreza que existe en el país, a la vez que los actores políticos al encontrarse en constante lucha de percepciones, transmiten a la población un sentimiento de encono y de división que marca el camino para una guerra civil.
Además de los diversos conflictos nacionales que propician una distorsión de la realidad y un enfrentamiento permanente que no tiene al parecer una solución planteada desde las esferas de los tres poderes de la unión, ha surgido irremediablemente un proceso de descomposición del estado de derecho y el debilitamiento de las paredes institucionales de la Nación Mexicana, razón por la cual, es obligado tomar decisiones urgentes a través del las ONG´S que permitan la erradicación total del problema a partir del desmantelamiento del EJECUTIVO FEDERAL mediante una reforma constitucional que desbarate el aparato administrativo y legislativo de la federación, para hacerlo recaer a su vez en las soberanías estatales y solamente confiriéndole a una autoridad administrativa, como lo es la figura del presidente, ciertas facultades de coordinación federal en donde parte de sus actuales funciones se dirijan a reestablecer el orden social.
Lo anterior es así, dado que el Estado Mexicano, con su densa carga administrativa, le es imposible desarrollar sanos esfuerzos por el bien común, pues se ha quedado enterrada en el fango de la ineficacia, de la indolencia, de la corrupción y abuso de poder, erosionando todas las capas sociales de generación en generación y propiciando con ello un inminente caos social.
Para impedir dicha distorsión es necesario que se acometa el Estado por su verdadera soberanía que es el pueblo -sin tomar en cuenta a los partidos políticos que han mantenido como rehén al Estado Mexicano- para que desmantele el enorme aparato burocrático y lo reduzca a su mínima expresión, o bien se lleve a cabo la reforma del estado a través de un órgano constituyente que brinde al país una nueva constitución.
Frente a ello es indispensable reducir a su mínima expresión la estructura burocrática a menos de una dependencia federal, sin descontar aquellas que por compromisos internacionales, seguridad nacional o economía sea necesario conservar, pero, principalmente, debe visualizarse la creación de una super corporación de policía que permita desarticular tanto a nivel nacional como internacional los problemas más inmediatos del país, fungiendo con verdadera justificación del ejercicio presupuestal de cada año y canalizando el resto del presupuesto federal a las entidades federativas.
En efecto, uno de los postulados más explorados por los estados modernos ha sido el adelgazamiento de las estructuras del estado para hacer frente al problema de un estado obeso, con la consecuente ineficiencia e incapacidad para dar resultados a la nación, además de que consume recursos que no tienen una finalidad objetiva en el desarrollo de una nación y por ende, el desmantelamiento de sus estructuras debe de ser revisado por los órganos encargados de legislar o de aquellos que asuman en este caos generalizado el control del gobierno federal de añeja tradición centralista, aunque sea, a través de entidades fácticas, pero con una conciencia social que aporte progreso y bienestar humano con instituciones y mecanismos federales nuevos y con miras a una nación mexicana del siglo XXI.
En tal virtud y en razón de los pocos resultados de las administraciones y legislaturas federales de México, además de las luchas intestinas en que se encuentran enfrascados nuestros legisladores federales, es menester que se proceda a una reforma del Estado para que se proceda a reencausar escrupulosamente el destino de los recursos económicos a una entidad con marcado y genuino oficio administrativo, para hacer frente a las urgentes necesidades de seguridad pública que reclama el país, esto es, a partir de la creación de una entidad ad-hoc, que cumpliría con las funciones del poder legislativo para aprobar el presupuesto de egresos, el cual una vez ejercido se someterá a una escrupulosa supervisión por medio de otro órgano alterno denominado Auditoria Superior de la Federación, electo por los ciudadanos del país, en donde exista exclusivamente en ese quehacer cotidiano de supervisión y ejercicio administrativo, un verdadero equilibrio de poderes, sin descontar las funciones del poder judicial que no pueden ser disueltas por razones de Estado, permanencia y certidumbre nacional, quedando elevado igualmente a rango constitucional el poder autónomo de éste último.
En cuanto al poder Ejecutivo, procederá a reducir su estructura y dimensión a su mínima expresión y efectos, para transitar al fortalecimiento de las entidades federativas como recipendarias de la administración pública federal, las cuales administrarán los recursos originalmente previstos para la presidencia de la república y sus secretarías de estado, pero de acuerdo a una directriz nacional aplicable a todas las soberanías estatales y para una única atención de asuntos otrora federal, ahora locales.
Llegó el momento en que los Estados de la Federación reclaman la libertad de administración y la ejecución de programas reales para la gente que gobiernan, éstos, y no los poderes federales, para que sean aquellos los indicados para dirigir el destino del país, solamente a través de una FEDERACIÓN de GOBERNANTES, se podrá hacer frente a las maniobras sociales que requiere el país. Este órgano Federal, ejercerá el control verdadero de las riendas del Estado, se propondrá que los mismos tomen las decisiones del destino del país a través de acuerdos formados por votación mayoritaria Y SU ERECCIÓN COMO ÓRGANO PARLAMENTARIO DE LA NACIÓN MEXICANA; será el principio de unidad, victoria y evolución social, pero principalmente el prolegómeno de una nación líder y propulsora de segmentos institucionales modernos, acordes con las dimensiones de la sociedad globalizada.
FERNANDO GARZÓN ABREU
ABOGADO
CULIACÁN SINALOA A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007-09-20
“Cualquier reclamación que sea sin membrete”
E-MAIL: fergarz7@yahoo.com
Es impostergable la atención de las demandas de la sociedad y la aplicación de un régimen republicano y democrático en el país, que permita a la población encontrar un Estado de Derecho centrado en la aplicación de la justicia; que ofrezca principalmente seguridad al gobernado y posibilite su desarrollo en todas las dimensiones posibles.
Tradicionalmente ha sido tarea del Estado mantener un orden general, pero desafortunadamente no ha sido posible dado el creciente estado de inseguridad y pobreza que existe en el país, a la vez que los actores políticos al encontrarse en constante lucha de percepciones, transmiten a la población un sentimiento de encono y de división que marca el camino para una guerra civil.
Además de los diversos conflictos nacionales que propician una distorsión de la realidad y un enfrentamiento permanente que no tiene al parecer una solución planteada desde las esferas de los tres poderes de la unión, ha surgido irremediablemente un proceso de descomposición del estado de derecho y el debilitamiento de las paredes institucionales de la Nación Mexicana, razón por la cual, es obligado tomar decisiones urgentes a través del las ONG´S que permitan la erradicación total del problema a partir del desmantelamiento del EJECUTIVO FEDERAL mediante una reforma constitucional que desbarate el aparato administrativo y legislativo de la federación, para hacerlo recaer a su vez en las soberanías estatales y solamente confiriéndole a una autoridad administrativa, como lo es la figura del presidente, ciertas facultades de coordinación federal en donde parte de sus actuales funciones se dirijan a reestablecer el orden social.
Lo anterior es así, dado que el Estado Mexicano, con su densa carga administrativa, le es imposible desarrollar sanos esfuerzos por el bien común, pues se ha quedado enterrada en el fango de la ineficacia, de la indolencia, de la corrupción y abuso de poder, erosionando todas las capas sociales de generación en generación y propiciando con ello un inminente caos social.
Para impedir dicha distorsión es necesario que se acometa el Estado por su verdadera soberanía que es el pueblo -sin tomar en cuenta a los partidos políticos que han mantenido como rehén al Estado Mexicano- para que desmantele el enorme aparato burocrático y lo reduzca a su mínima expresión, o bien se lleve a cabo la reforma del estado a través de un órgano constituyente que brinde al país una nueva constitución.
Frente a ello es indispensable reducir a su mínima expresión la estructura burocrática a menos de una dependencia federal, sin descontar aquellas que por compromisos internacionales, seguridad nacional o economía sea necesario conservar, pero, principalmente, debe visualizarse la creación de una super corporación de policía que permita desarticular tanto a nivel nacional como internacional los problemas más inmediatos del país, fungiendo con verdadera justificación del ejercicio presupuestal de cada año y canalizando el resto del presupuesto federal a las entidades federativas.
En efecto, uno de los postulados más explorados por los estados modernos ha sido el adelgazamiento de las estructuras del estado para hacer frente al problema de un estado obeso, con la consecuente ineficiencia e incapacidad para dar resultados a la nación, además de que consume recursos que no tienen una finalidad objetiva en el desarrollo de una nación y por ende, el desmantelamiento de sus estructuras debe de ser revisado por los órganos encargados de legislar o de aquellos que asuman en este caos generalizado el control del gobierno federal de añeja tradición centralista, aunque sea, a través de entidades fácticas, pero con una conciencia social que aporte progreso y bienestar humano con instituciones y mecanismos federales nuevos y con miras a una nación mexicana del siglo XXI.
En tal virtud y en razón de los pocos resultados de las administraciones y legislaturas federales de México, además de las luchas intestinas en que se encuentran enfrascados nuestros legisladores federales, es menester que se proceda a una reforma del Estado para que se proceda a reencausar escrupulosamente el destino de los recursos económicos a una entidad con marcado y genuino oficio administrativo, para hacer frente a las urgentes necesidades de seguridad pública que reclama el país, esto es, a partir de la creación de una entidad ad-hoc, que cumpliría con las funciones del poder legislativo para aprobar el presupuesto de egresos, el cual una vez ejercido se someterá a una escrupulosa supervisión por medio de otro órgano alterno denominado Auditoria Superior de la Federación, electo por los ciudadanos del país, en donde exista exclusivamente en ese quehacer cotidiano de supervisión y ejercicio administrativo, un verdadero equilibrio de poderes, sin descontar las funciones del poder judicial que no pueden ser disueltas por razones de Estado, permanencia y certidumbre nacional, quedando elevado igualmente a rango constitucional el poder autónomo de éste último.
En cuanto al poder Ejecutivo, procederá a reducir su estructura y dimensión a su mínima expresión y efectos, para transitar al fortalecimiento de las entidades federativas como recipendarias de la administración pública federal, las cuales administrarán los recursos originalmente previstos para la presidencia de la república y sus secretarías de estado, pero de acuerdo a una directriz nacional aplicable a todas las soberanías estatales y para una única atención de asuntos otrora federal, ahora locales.
Llegó el momento en que los Estados de la Federación reclaman la libertad de administración y la ejecución de programas reales para la gente que gobiernan, éstos, y no los poderes federales, para que sean aquellos los indicados para dirigir el destino del país, solamente a través de una FEDERACIÓN de GOBERNANTES, se podrá hacer frente a las maniobras sociales que requiere el país. Este órgano Federal, ejercerá el control verdadero de las riendas del Estado, se propondrá que los mismos tomen las decisiones del destino del país a través de acuerdos formados por votación mayoritaria Y SU ERECCIÓN COMO ÓRGANO PARLAMENTARIO DE LA NACIÓN MEXICANA; será el principio de unidad, victoria y evolución social, pero principalmente el prolegómeno de una nación líder y propulsora de segmentos institucionales modernos, acordes con las dimensiones de la sociedad globalizada.
FERNANDO GARZÓN ABREU
ABOGADO
CULIACÁN SINALOA A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007-09-20
“Cualquier reclamación que sea sin membrete”
E-MAIL: fergarz7@yahoo.com
